El caso de Green Infra Wind Solutions Limited versus la Comisión Reguladora de Electricidad de Andhra Pradesh (APERC) y otros pone de relieve un importante debate regulatorio en el sector de energía renovable de la India. En el centro de la apelación está la decisión de la APERC de ajustar retrospectivamente las tarifas para los proyectos de energía eólica teniendo en cuenta el Incentivo Basado en la Generación (GBI) proporcionado por el gobierno central. Esta decisión tiene implicaciones para los acuerdos de compra de energía (PPA), la confianza de los inversores y el marco regulatorio general que rige la energía renovable.
El plan de incentivos basados en la generación, introducido por el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables en 2009 y ampliado en 2013, tenía como objetivo promover la energía eólica ofreciendo un incentivo de 0,50 rupias por unidad de electricidad inyectada a la red. . Se declaró explícitamente que este beneficio estaba por encima de las tarifas determinadas por las comisiones reguladoras estatales. Sin embargo, la orden de la APERC de 2018 exigía la deducción de este incentivo de la tarifa preferencial genérica determinada anteriormente para proyectos de energía eólica en Andhra Pradesh. La tarifa, fijada originalmente en 4,84 rupias por unidad durante un período de 25 años, fue impugnada por el recurrente alegando una modificación unilateral de los PPA celebrados y una posible violación de los derechos legales.
La APERC justificó su decisión invocando el Reglamento 20 de su reglamento de 2015, que estipula que cualquier incentivo o subsidio aprovechado por los generadores de energía debe tenerse en cuenta en las determinaciones de tarifas. Argumentó que la omisión del beneficio GBI de órdenes arancelarias anteriores era involuntaria y necesitaba corrección para alinearse con las regulaciones. La comisión se mantuvo además de que permitir a los generadores eólicos conservar tanto la tarifa completa como el GBI equivaldría a un enriquecimiento injusto y podría socavar la equidad entre los generadores que optaron por diferentes esquemas, como la depreciación acelerada.
El apelante, sin embargo, argumentó que la APERC carecía de competencia para modificar órdenes arancelarias retrospectivamente, especialmente después de que estas órdenes hubieran alcanzado carácter definitivo y se hubieran incorporado a acuerdos de compra de energía vinculantes. Sostuvieron que la decisión de la comisión violaba los principios de impedimento promisorio y expectativa legítima, ya que el esquema GBI fue diseñado como un beneficio adicional para proyectos de energía renovable. Además, el recurrente destacó que la orden de la APERC perturbó la viabilidad financiera de los proyectos, lo que podría disuadir futuras inversiones en el sector.
Las complejidades legales y regulatorias del caso se vieron amplificadas por interpretaciones contradictorias de la Ley de Electricidad de 2003 y las regulaciones de APERC de 2015. Si bien la APERC sostuvo que conservaba el poder de revisar y modificar órdenes tarifarias en interés público, el recurrente enfatizó la santidad de los contratos celebrados y la certeza regulatoria esencial para atraer inversiones en energía renovable.
La decisión del tribunal de apelaciones en este caso podría sentar un precedente para disputas similares en toda la India, donde las comisiones reguladoras estatales y los desarrolladores de energía renovable a menudo enfrentan desacuerdos sobre ajustes tarifarios, interpretaciones de políticas y obligaciones contractuales. Las implicaciones más amplias de este caso se extienden a la confianza de los inversores, la estabilidad de las políticas de energía renovable de la India y la capacidad del país para alcanzar sus ambiciosos objetivos de energía limpia.
Esta batalla legal subraya la necesidad de marcos regulatorios claros, consistentes y con visión de futuro que equilibren los intereses de los inversores, las empresas de servicios públicos y los consumidores y al mismo tiempo promuevan el desarrollo de las energías renovables. También destacan los desafíos de integrar los incentivos del gobierno central con las estructuras tarifarias a nivel estatal, una cuestión crítica en la gobernanza federal de la electricidad en la India.