El Tribunal de Cuentas de la UE ha pedido a la Comisión Europea medidas para recuperar fondos ya desembolsados por hitos y objetivos cumplidos si no se completan los proyectos tras alertar de que los Estados miembro han recibido una «importante cantidad» de fondos del plan de recuperación y resiliencia para financiar proyectos que corren el riesgo de quedar incompletos debido a los retrasos en las solicitudes.
Un informe de los auditores publicado señala que los retrasos en el desembolso de fondos y en la ejecución de proyectos han puesto en peligro en peligro la consecución de los objetivos para ayudar a los países de la UE a recuperarse de la pandemia de Covid-19, por lo que existe el riesgo de que las capitales no puedan agotar los fondos o completar las medidas previstas antes de que expire el mecanismo en agosto de 2026.
La auditora responsable del informe, Ivana Maletic, ha explicado que puede ocurrir que los Estados miembro reciban una «importante cantidad» de fondos para el diseño de proyectos que pueden no finalizar en el plazo previsto, de modo que «aunque no lo logren, serán recompensados igualmente».
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«Tenemos que insistir en la finalización de las medidas que estamos financiando y, si no es así, necesitamos herramientas para recuperar los fondos, algo que no está recogido en el reglamento», ha aseverado la auditora, que ha instado a la Comisión Europea a trazar un plan «para mitigar el riesgo de que se acumulen los retrasos y de que algunas medidas no finalizadas reciban un importante desembolso».
Los fondos anticrisis en España
Los auditores subrayan que los hitos y objetivos en la segunda mitad del período de ejecución del fondo anticrisis suelen estar más estrechamente vinculados a la finalización de las medidas y a la consecución de los objetivos, por lo que el hecho de no culminar estos hitos u objetivos puede comprometer su culminación.
En el caso de España, el Tribunal de Cuentas pone como ejemplo una medida de renovación de edificios que en 2023 recogía la adjudicación del proyecto, pero no prevé su finalización hasta 2026, durante los últimos ocho meses del período de ejecución, cuando España tiene previsto completar hitos y objetivos relacionados con el 30% de sus inversiones, una cifra que se eleva al 62% en el caso de Italia y hasta el 70% en el de Polonia.
Además, varios Estados miembro tendrán que completar más del 50% de sus medidas en 2026, mientras que la mayoría de ellos recibirá menos del 20% de su financiación total para hacerlo. «El incentivo para culminar proyectos al final del periodo es muy bajo, porque la financiación se reduce en los últimos meses hasta el 20% o incluso menos para completar una gran parte del plan», reconoce Maletic, consciente del riesgo de que algunos países puedan decidir que no necesitan ese último tramo.
Por otro lado, el informe destaca la necesidad de garantizar una definición de «preceptor final» tras constatar que casi la mitad de los fondos desembolsados a los 15 Estados miembro que facilitaron la información correspondiente aún no ha llegado a los beneficiarios.