Además, crea una nueva categoría de beneficiarios para familias que ingresen menos de 28.000 euros


La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, defiende el RD-L por el que se aprueban medidas para reforzar la protección de los consumidores de energía. FOTO: Congreso
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, defiende el RD-L por el que se aprueban medidas para reforzar la protección de los consumidores de energía. FOTO: Congreso

El pleno del Congreso ha apoyado con mayoría el real-decreto ley que crea una tarifa regulada para las comunidades de vecinos con caldera comunitaria de gas natural, amplía las ayudas para familias vulnerables del bono social eléctrico y crea una nueva categoría de beneficiarios para familias que ingresen menos de 28.000 euros.

Este paquete de medidas costará 3.000 millones de euros y con ellas se ayudará al 40 % de los hogares españoles a paliar el impacto de los disparados precios de la energía, según el Gobierno.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que las iniciativas fiscales y de reducción de costes regulados han compensado en un 39 % la subida del coste de la energía sobre la factura final entre el primer semestre de 2021 y el mismo periodo de 2022.

Medidas sobre las tarifas del gas hasta diciembre de 2023

Según sus datos, el coste de las medidas adoptadas desde junio de 2021 para ayudar a las familias equivale a 35.000 millones de euros, casi el 3 % del producto interior bruto (PIB).

Ribera también ha subrayado que el Ejecutivo sabe que “no hay que bajar la guardia” y que “probablemente a la necesidad de prestar atención en el invierno 22-23 se sumarán las de los inviernos sucesivos”.

El decreto, que a falta de la votación será convalidado por el Congreso esta tarde, recoge dieciocho de las 73 medidas del ‘Plan + seguridad para tu energía (+SE)‘, prorroga el límite al crecimiento de la tarifa de último recurso (TUR) para los consumidores de menos de 50.000 kWh/año (familias y pymes) hasta el 31 de diciembre de 2023 y da la posibilidad a las comunidades de propietarios de acogerse también a una tarifa regulada que permitirá reducir el coste del consumo de gas en un 50 % a 1,7 millones de hogares.

Esta TUR 4, que estará igualmente en vigor hasta finales de 2023, cubrirá el equivalente al consumo medio de la comunidad de los últimos cinco años y, en el caso de excesos, se aplicará un recargo del 25 % sobre la nueva tarifa, que se dividirá en ocho subtramos de consumo.

La comunidad de vecinos tendrá que instalar contadores individuales o repartidores de costes antes de octubre de 2023, si no quiere tener un recargo del 25 % en el término variable sobre el consumo desde que la comunidad se acogió a la TUR.

Más bono social

Otra de las medidas es la ampliación del descuento que las eléctricas hacen a los 1,3 millones beneficiarios del bono social eléctrico, de forma que pasará del 60 % actual al 65 % para los consumidores considerados vulnerables y del 70 al 80 % para los vulnerables severos.

Junto a estas medidas se duplica el presupuesto en 2022 y 2023 del bono social térmico para hogares vulnerables, con lo que se doblará la ayuda media hasta los 375 euros para calefacción por hogar y se elevará la mínima a 40 euros, frente a los 35 euros actuales.

Nueva categoría

Dentro del bono social se crea temporalmente una nueva categoría de beneficiarios con derecho a un descuento del 40 % en la factura, a la que se podrán acoger 1,5 millones de personas que vivan solas y ganen hasta 16.000 euros al año, parejas que ingresen 20.000 euros y familias que ganen 28.000.

Por otra parte, el decreto simplifica los trámites para la instalación de pequeñas plantas de generación de energía eléctrica de origen renovable, autoriza el despliegue de contadores inteligentes, aumenta los requisitos de eficiencia del alumbrado público y establece nuevas deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas.

Asimismo obliga a las compañías que quieran informar en la factura de la compensación que se paga a las centrales de gas por la aplicación del mecanismo ibérico a hacerlo de forma que no induzca a error.

El mismo decreto incluye la subida adicional del 1,5 % de las retribuciones de los empleados públicos para compensar los efectos de la inflación, con lo que para 2022 el incremento salarial será de un máximo del 3,5 %.

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