Durante años, se ha tenido una percepción de que el suministro de gas para la calefacción, el agua caliente y la cocina era la opción más económica para los usuarios. Sin embargo, esta supuesta ventaja económica se ha roto en la actual situación de crisis energética provocada por la subida, precisamente, de los precios del gas, ya que pone en evidencia que el precio del suministro no es en este momento una ventaja, sino más bien otro inconveniente que tenemos que sumar a este tipo de combustible.
No hay que olvidar, además, que el precio del suministro de gas ha estado sostenido de manera artificial por decisiones gubernamentales, tanto para consumidores domésticos como para la industria. En las tarifas domésticas, el gobierno lleva desde octubre de 2021 estableciendo límites a las subidas de los precios del gas para el mercado regulado, en un intento de minimizar o al menos de sostener estas subidas. También a la industria con alta demanda energética (electrointensiva), con medidas como la reducción de sus peajes de acceso en un 80%, así como a través de ayudas directas. Toda esta deuda acumulada se asume en parte a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero principalmente en forma de déficit de tarifa que se irá integrando en el sistema de liquidaciones del sector eléctrico y gasista. Es decir, que iremos pagando más adelante todos los consumidores, incluidos sus correspondientes intereses.
Más allá del aspecto económico, para acceder al suministro de gas no se han valorado otros factores como la eficiencia, la seguridad, las necesidades de mantenimiento de instalaciones y equipos, la contaminación ambiental o la limpieza y, por supuesto, tampoco se ha tenido en cuenta el necesario proceso de descarbonización de la producción de energía, tanto a nivel doméstico como para procesos industriales. Todos estos aspectos contemplados en conjunto no parece que señalen el suministro de gas como una opción adecuada, ni siquiera en el futuro más próximo.
Europa escucha a la ciudadanía en el diseño ecológico de los electrodomésticos de cocina
Pero siendo estos factores relevantes, debemos señalar la salud individual y la salud pública como un factor determinante para nuestras decisiones, tanto a nivel personal como a nivel político. Y es precisamente a nivel político que ahora podemos aprovechar la oportunidad de que se escuche la opinión de las personas consumidoras. ¿Cómo? Participando en la consulta pública que la Comisión Europea ha abierto en relación a los requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético que deben cumplir los electrodomésticos de cocina –hornos, placas de cocina y campanas extractoras, principalmente.
Una consulta pública es una oportunidad de informar a la ciudadanía sobre las nuevas propuestas de legislación y permite participar en el desarrollo de dichas políticas públicas. En el caso concreto de esta consulta pública sobre diseño ecológico y etiquetado energético, permite evaluar y actualizar la reglamentación en vigor y revisar los requisitos que deben cumplir los electrodomésticos para que sean ambientalmente sostenibles y que no perjudiquen nuestra salud. Al mismo tiempo, la consulta es una oportunidad para recoger nuevos requisitos necesarios, principalmente en materia de eficiencia energética, para reducir el consumo de energía de los electrodomésticos de cocina –tanto en uso como en modo espera– y en materia de reparabilidad, con relación a facilidad de desmontaje, suministro de piezas de repuesto, instrucciones de reparación etc. Para ello, se debe tener en cuenta los avances tecnológicos de este tipo de equipamientos.
Más aún, la consulta pública sobre diseño ecológico y etiquetado energético es una oportunidad para que se limite la emisión de determinados compuestos que contribuyen al cambio climático a la par que son perjudiciales para la calidad del aire interior, y que ahora emiten determinados tipos de electrodomésticos de cocina.
Pensemos que actualmente, no hay requisitos en la regulación que exijan comprobar las emisiones contaminantes en los electrodomésticos de cocina y por tanto no hay límites legislativos ni etiquetas energéticas o ambientales para advertir o minimizar los efectos contaminantes para nuestra salud ni para el medio ambiente. Las emisiones de este tipo de electrodomésticos pueden perjudicar la salud de los consumidores, por ejemplo, con una mayor incidencia de asma, ya que afectan a la calidad del aire que los consumidores respiran en sus casas. Tal y como indican las investigaciones realizadas en mi laboratorio, así como los resultados de un estudio reciente de CLASP -organización sin ánimo de lucro con la que colaboro de forma honorífica proporcionando asesoramiento científico- las cocinas de gas emiten entre otros NO2, un gas perjudicial para nuestra salud. Además, los contaminantes que se emiten, como el CO2 producido durante la combustión del gas, contribuyen al calentamiento global. Por lo tanto, es imprescindible que se regulen este tipo de aparatos de cocina para que se minimice la emisión de dichos contaminantes.
Implantar etiquetas energéticas y ambientales facilitar la decisión a los consumidores a la hora de seleccionar electrodomésticos más respetuosos con su salud y la del medio ambiente. Hoy por hoy, no hay una etiqueta energética para las cocinas, de modo que las personas consumidoras no pueden tomar decisiones de compra con el conocimiento necesario para reducir su impacto de la huella de carbón, ni para proteger su salud y la de sus familias.
Además, para establecer las etiquetas energéticas y ambientales se tiene que revisar la manera en la que se mide la eficiencia energética de las placas de gas y eléctricas, para unificar la metodología y métricas, ya que actualmente se prueban de manera diferente. Esto hace que se identifiquen como menores de lo que realmente son las diferencias de eficiencia energética entre las placas de gas y las eléctricas. De este modo, se subestima considerablemente el impacto y los efectos del consumo de gas para la mitigación del cambio climático y el ahorro energético. Por lo tanto, se debería utilizar el mismo método para medir la eficiencia energética, y así hacer una comparación real y justa entre ambos tipos de aparatos de cocina.
Esta consulta pública es una oportunidad para decir a nuestros gobernantes que deben legislar priorizando la protección de la salud e interés económico de sus ciudadanos y del medio ambiente en el que vivimos.
Por Juana María Delgado-Saborit, directora del Laboratorio en Salud Ambiental en el Grupo de Investigación Epidemiológica Perinatal, Salud Ambiental e Investigación Clínica de la Universidad Jaume I