Tras la aprobación del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), el pasado 25 de junio de 2024, y mediante el Real Decreto 589/2024, se aprobó la última actualización de la denominada Tasa Enresa, fijando su nuevo valor en 10,36 €/MWh, lo cual supone una subida de alrededor de un 30% respecto al valor anterior de 7,98 €/MWh.
Enresa, como entidad de carácter público responsable de la gestión de los residuos radiactivos, se encarga de las tareas de desmantelamiento de las instalaciones nucleares, actividades que son financiadas principalmente por los propietarios de estas instalaciones a través de la citada tasa.
En este sentido, el nuevo PGRR desestima el almacén temporal centralizado (ATC) previsto en el anterior plan, debido a las dificultades para lograr el consenso social, político e institucional necesario y proyecta, en su lugar, la creación de siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, destinados a almacenar el combustible gastado y los residuos de alta actividad.
Estos residuos se mantendrán en los ATD hasta su traslado al almacén geológico profundo (AGP), cuya operación está prevista para el año 2073. Este cambio de rumbo supone un incremento respecto al plan previo, que resulta en un aumento sobrecoste de 2.000 millones de euros para poder compensar estas desviaciones.
Sobrecoste
Sin embargo, este sobrecoste de 2.000 millones de euros sobrevenido por decisiones políticas de la aprobación de este nuevo PGRR podría soportarse destinando la recaudación del impuesto al combustible nuclear gastado de la Ley 15/2012 a cubrir este incremento de la tasa, o bien reducir este impuesto en la misma cuantía que lo que se ha incrementado la tasa Enresa.
Hay que recordar que, hasta el 31 de diciembre de 2023, a través de este impuesto ya se habían recaudado 3.240 millones de euros, 1.240 millones de euros más de los necesarios para cubrir el sobrecoste definido en el 7º PGRR.
Es importante conocer que entre 2008 y 2019 (fecha en la que se produjo el acuerdo ordenado de cierre de los reactores) los impuestos, tanto a nivel nacional como autonómico, a los que están expuestos las centrales nucleares han aumentado un 400%; y desde 2019 lo han hecho un 50% adicional. Esto ha provocado que las centrales nucleares estén aportando actualmente más de 1.400 millones de euros en concepto de fiscalidad y más de 1.500 millones de euros a partir de 2025.
“Es un hecho indiscutible que la energía nuclear es esencial para asegurar la cobertura de la demanda energética de Cataluña, pero también a nivel nacional»
Alta fiscalidad
La realidad es que las centrales nucleares es una tecnología completamente necesaria en el camino de la transición energética y de la descarbonización, y se encuentra en estado crítico debido a los impuestos que soporta, lo que está provocando no solo una pérdida de competitividad de nuestra economía sino que se está poniendo en riesgo el cumplimiento del Plan Ordenado de cierre de las centrales nucleares. Recordemos que este plan marca el inicio del cierre en 2027, con Almaraz I finalizando en 2035, fecha en la que se apagaría el último reactor. La ausencia de la nuclear incrementaría el precio medio del mercado eléctrico en España en 13,26 €/MWh, debido al aumento del uso de ciclos combinados de gas (CCGT) en 36,9 TWh para compensar la falta de energía nuclear, con el consecuente aumento de las emisiones de CO2 asociadas a la producción de electricidad (+7,4 MtonCO2).
En el contexto actual de transformación hacia una economía baja en carbono, el Gobierno español ha marcado una senda exigente de descarbonización, plasmada en el PNIEC 2023-2030 todavía en borrador. Algunos de los objetivos establecidos para 2030 pasan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32% desde 1990, aumentar el peso de las renovables hasta el 48% del consumo final de energía y generar el 81% de la electricidad con energía renovable.
Si bien es cierto que la transición energética es necesaria en el marco económico y medioambiental actual, ésta ha de realizarse de forma ordenada, garantizando la seguridad de suministro y buscando la eficiencia en costes. Para asegurar el suministro y poder cumplir con lo establecido en el borrador PNIEC 2023-2030, es necesario garantizar la continuidad operativa de las centrales nucleares en los años venideros. Esto requiere de una seguridad económica que permita recuperar las inversiones que se tienen que realizar hasta la fecha prevista para su cierre, lo cual parece a priori incompatible con la continua subida de la carga fiscal que soportan estas instalaciones y que, según voces del sector, comienza ya a asfixiarlas.
El redactor recomienda
Cataluña como región más afectada por el cierre nuclear
Dentro del panorama nuclear merece especial mención Cataluña, pues hoy alberga tres de los siete reactores nucleares activos, además de ser una de las comunidades autónomas con mayor demanda eléctrica. Esta combinación lleva a que en el año 2023 un 58% del mix de generación eléctrica catalana fuese de origen nuclear, mientras que solo el 1% y 8% fueron producción fotovoltaica y eólica, respectivamente. Hoy en día, con su paleta de generación Cataluña es capaz de cubrir casi por completo su demanda, sin embargo, de cumplirse el plan de cierre nuclear previsto, esta comunidad tendrá que depender en gran medida de la energía de otras regiones.
Es un hecho indiscutible que la energía nuclear es esencial para asegurar la cobertura de la demanda energética de Cataluña, pero también a nivel nacional. Recientemente, y sin ir más lejos, una parada no programada en la central de Ascó I en Cataluña llevó a la activación completa del Sistema de Respuesta Automática de Demanda (SRAD); un mecanismo diseñado para reducir temporalmente la demanda energética cortando el suministro a ciertos consumidores electrointensivos para poder compensar la pérdida de producción de la central nuclear afectada.
Particularizando el impacto derivado del cierre nuclear en esta comunidad autónoma, conllevaría a un incremento de hasta 10 millones de toneladas de CO2 al año y un aumento notable en el coste de la factura eléctrica, con especial afectación al sector industrial catalán, por ser este un pilar de su economía (podría suponer un extra coste energético para la industria catalana de hasta 265 millones de euros anuales).
Además, supondría un devastador impacto socioeconómico en las zonas afectadas, derivando en la pérdida de casi 3.000 empleos directos tras el cierre de las centrales y una reducción de su aportación al Producto Interior Bruto (PIB), que actualmente se acerca a los 800 millones de euros anuales.
En definitiva, el papel de la nuclear en Cataluña es una muestra de lo que puede suponer el cumplimiento del calendario de cierre de nuestro parque nuclear y de lo que implica ir a contracorriente en las decisiones que parecen estar tomando la mayoría de países respecto a la continuidad y promoción de esta tecnología.
Esther Martínez Arroyo es directora de Energía en la división de Consultoría de PwC.
